Por: Carlos Blanco López
De entre los conflictos magisteriales que se han presentado en las últimas semanas sobresale la movilidad que presentan diversos grupos disidentes activados en Michoacán que demandan solución a diversas demandas, entre ellas, el otorgamiento de plazas “automáticas” para egresados de escuelas normales.
Para presionar la sección 18 centista ha emprendido marchas, bloqueo a Plazas Comerciales y Bancos, y un plantón en el centro histórico de Morelia, mientras que los radicales de la denominada sección 18 Poder de Base intentaron hace unas semanas, de manera fallida, el bloqueo a las vías del tren, además de que tomaron las instalaciones de la secretaria de Educación Estatal, entre otras acciones, para orillar a la autoridad a que se sentara a negociar.
Bajo ese escenario y con la intención de desacreditar la intensa movilidad de los maestros disidentes, la secretaria de Educación Estatal, Yarabi Ávila González, dio a conocer que el gobierno michoacano rechaza negociaciones al margen de la norma y la “corrupción de organizaciones sindicales”.
Para ilustrar los casos de corrupción la funcionaria explicó que tenía conocimiento de que se vendían más de mil 600 plazas, entre 250 y 300 mil pesos, lo que representa un negocio de 480 millones de pesos que “se repartía entre funcionarios y dirigentes sindicales”.
Según Yarabí Ávila la dependencia a su cargo cerró la llave de la venta de plazas, además de que esta integrando los expedientes para hacer las demandas correspondientes”.
Frente a esta postura de la funcionaria, el dirigente de la sección 18 centista, Gamaliel Guzmán, negó que el gremio estuviera participando en la venta de plazas y convocó a Yarabí Ávila a que presente los nombres y las denuncias correspondientes.
En el tema de la venta de plazas el dirigente de la sección 18 poder de base, Benjamín Hernández, denunció recientemente que había detectado que, desde la Dirección de Preescolar, a cargo de Leticia Rincón, se habían vendido 40 plazas en el Municipio de Lázaro Cárdenas y otras 20 en el interior del Estado, que todo lo tenía documentado y que esto ya lo había denunciado ante las autoridades correspondientes.
De Leticia Rincón habrá que recordar que militó y fue “expulsada” del grupo Poder de Base que lidera Benjamín Hernández, mismo que en septiembre pasado fue acusado en las redes sociales por otro integrante de dicha fracción de nombre Álvaro Cázares García, de haberlo querido “sobornar” con un “millón de pesos” para que evitara denunciarlo por la “venta ilegal de plazas al magisterio”.
Bajo toda esta narrativa queda de manifiesto la presunta venta de plazas en Michoacán, todo un problema que a la autoridad educativa de esta entidad le compete resolver, en tanto que no basta con manifestar que las negociaciones al margen de la norma se acabaron.
Lo que le corresponde a la titular de la SEE es presentar ante las autoridades correspondientes los casos que tiene documentados de funcionarios y dirigentes sindicales que se han dedicado a vender plazas, todo un negocio que le deja a esa mancuerna ganancias por más de 400 millones de pesos, en tanto que si ese delito prevalece es por la impunidad que propician las mismas autoridades gubernamentales al negociar estabilidad por impunidad, de otra forma, jamás podrán recobrar la rectoría de la educación.
Desde luego que en todo este affaire puede que prevalezca la difamación para descalificarse mutuamente y en esto los dirigentes magisteriales están en su derecho de acudir ante las autoridades judiciales para denunciar que están siendo acusados de manera irresponsable por un delito que nunca han cometido. Lo relevante es que en Michoacán prevalezca el Estado de derecho.
En lo que toca a la entrega de plazas “automáticas” a los egresados de las escuelas normales, y conforme al estado de derecho, lo que aplica es que los aspirantes a una plaza deben inscribirse en las convocatorias que emite la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM), para posteriormente ser evaluados y obtener una plaza, en tanto que por ley ya no existen las “plazas automáticas”.
Lo dicho: lo crucial es que prevalezca el Estado de derecho, y no las negociaciones en lo oscurito en perjuicio de la educación nacional, y en beneficio de líderes y funcionarios venales.