Chiapas. – La Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE-CNTE (AED-40), condenó las amenazas de Antonio Arévalo Alegría, secretario del Ayuntamiento de Ocosingo, quien afirmó que, debido a la movilización realizada el pasado lunes 3 de octubre, “podría levantar carpetas de investigación contra docentes y padres de familia” que exigen a la Secretaría de Educación del Estado, la asignación de claves a las telesecundarias de los barrios Ampliación Agua Azul y Laja Tendida, ambos ubicados en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas.
Para la AED-40, la criminalización del pueblo que se organiza y exige mejoras en las condiciones educativas y de vida en general, es característica de los diferentes niveles de gobierno, que en vez de agilizar los trámites que corresponden a las autoridades municipales y estatales, para dar solución a una demanda que lleva ya cuatro ciclos escolares sin atender y con nueve meses de dilación ante una “supuesta autorización”, amenazan y hacen uso del aparato represivo del Estado para someter y callar toda voz que se organiza, exige y se inconforma.
Resaltó la falta de seriedad política y la lentitud en la solución de necesidades del conjunto del movimiento popular durante este sexenio, “ya sea en la exigencia de justicia ante los crímenes de Estado o por la mejora de las condiciones educativas y en general de vida del pueblo trabajador”, ya que, las instancias federales, estatales y municipales cierran filas apostándole al desgaste del pueblo que se manifiesta y sostiene las banderas de lucha.
Por lo anterior, la AED-40, aseguró que, no dará marcha atrás en la reivindicación de los derechos del pueblo, porque la exigencia de claves de escuelas de nueva creación es una necesidad palpable por todo el pueblo de Ocosingo, de ahí que la acción realizada el 3 de octubre sea legitima y abrazada por los demás actores que confluían por el lugar.
En este contexto, exigió la solución inmediata a las necesidades de la Región Selva Ocosingo – Yajalón, y exhortó a los funcionarios municipales y estatales que les compete el tema, que en vez de criminalizar la protesta popular se dediquen a realizar el trabajo que les demanda el cargo.