Por: Antonio Díaz Herrera
Ciudad de México. – Después de que, se difundieran los resultados de una investigación realizada por el portal TOJIL “Estrategia contra la impunidad”, en donde se afirma que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo desde 2022 por ingresos irregulares de varios millones de pesos; el Politécnico informó que no tolerará ningún acto irregular que empañe el trabajo de dicha casa de estudios.
El IPN sentenció que, ante cualquier hecho u omisión que afecte la transparencia y honestidad de la institución, se actuará conforme a la ley y añadió que, en todos los casos, se ratifica que no habrá impunidad.
En la investigación de TOJIL, se resalta que, el secretario de Administración y el coordinador de Imagen Institucional, Marco Antonio Ramírez Urbina, están vinculados con una red de empresas irregulares y fantasma que ha recibido y triangulado más de tres mil 300 millones de pesos del erario provenientes de contratos del sector salud, y de instancias como las fuerzas armadas.
Por ello, el IPN, aseveró que, de existir alguna investigación por parte de las autoridades correspondientes, mantiene el compromiso y disposición total para proporcionar la información y documentación que sea requerida. “De recibir resolución en contra de algún servidor público se actuará conforme a la ley”.
Agregó también que, el IPN es coordinado por el sector Educación, no así por el sector Salud, por lo que sus procedimientos de contratación de cualquier servicio no se consolidan o integran en este último. “Toda contratación que realiza el Instituto se circunscribe a la normatividad aplicable”, manifestó.
Expresó que, en ningún caso el IPN permitirá que, derivado de actuaciones de grupos o personas ajenas, con fines de desestabilizar la vida académica, se vulneren los principios y se manche el prestigio de la institución.
Finalmente, ratificó su posicionamiento: cero tolerancias a la corrupción y la impunidad en el IPN, ya que mantiene el compromiso con las y los mexicanos y con la comunidad politécnica para que cualquier servidor público rinda cuentas ante la ley.