Cuando en la Cámara de Diputados se aprobó el pasado 13 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF 2021), quedó de manifiesto que los legisladores se encuentran desconectados de las necesidades apremiantes del sector educativo.
Redujeron el presupuesto de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) que brinda servicios de educación inicial y básica a niñas, niños y jóvenes que habitan localidades y comunidades rurales de alta y muy alta marginación, así como comunidades con poblaciones de estudiantes indígenas y migrantes.
Los diputados también cancelaron cinco programas, entre ellos, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, el de Atención Educativa a la Población Migrante y el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE).
El último programa mencionado dirigido a prevenir situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica y Centro de Atención Múltiple, había sido incluso reforzado hace unas semanas por la secretaria de Educación, Delfina Gómez, al firmar con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Declaratoria para la Prevención de la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso.
Otro aspecto que llama la atención de la cancelación del PNCE es que tres días después de que la mayoría morenista, con el respaldo del PT y del partido Verde, lo sepultó, la titular de la SEP no se había dado por enterada, al grado de que durante su comparecencia en el senado del 16 de noviembre mencionó con orgullo y satisfacción que el Programa Nacional de Convivencia Escolar estaba operando con toda eficacia en más de 100 mil planteles escolares.
Ningún senador, ni siquiera los del PRI o del PAN le comentaron que el PNCE estaba agonizando y que para el 2022 dejaría de existir porque los diputados de su mismo partido lo habían dejado sin presupuesto.