Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – La Asamblea Estatal Democrática (AED) de la sección 40 del SNTE, lamentó que, en Chiapas al igual que en gran parte del país se viva una gran descomposición del tejido social.
Indicó que, el fenómeno de la pobreza y la miseria en gran parte de las regiones del estado se recrudece con los sucesos violentos y de inseguridad ejecutados por grupos delincuenciales de corte paramilitar, llamados cárteles de la droga o grupos del narcotráfico que operan bajo la aquiescencia del Estado.
Apuntó que, en Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Siltepec, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo, Villaflores, Tapachula, San Cristóbal, Teopisca, Tila, Palenque y últimamente Ocozocoautla, Berriozabal y la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, han sido escenario de cruentos enfrentamientos entre grupos armados en la lucha por el control de territorios y municipios en el actual proceso electoral, generando terror entre la población y quedando a expensas de estos grupos por los constantes asaltos en las carreteras, robo de vehículos, pago por derecho de piso, reclutamiento de jóvenes, trata de niñas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos de comunidades.
Explicó que, Chiapas es un estado con una vasta riqueza mineral y energética, pero con una población inmensamente pobre que sobrevive en condiciones de miseria.
Aseveró que, el desarrollo del modo de producción capitalista mediante la imposición de políticas neoliberales, la apertura a la inversión del capital extranjero, ha generado en el estado de Chiapas mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos y acrecentado la propiedad privada de grandes extensiones de tierras fértiles, con riquezas minerales y energéticas, apropiación que se ha dado con reformas a la constitución, otras mediante engaños y hoy por el uso de la fuerza.
Resaltó que, esos grupos de corte paramilitar tienen origen y operan bajo consentimiento del régimen en el poder, docenas de comunidades se ven obligadas a abandonar sus comunidades y sus parcelas ante la violencia generalizada, por temor a ser víctima de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, reclutamiento de jóvenes, secuestro de niñas y robo de órganos, fenómenos que son evidencias de la descomposición social y de la grave crisis del modo de producción capitalista.
La AED de la sección 40, subrayó que, el objetivo estratégico de estás políticas de terror contra la población es contar con manos libres para la explotación de recursos minerales para beneficio de empresas oligarcas nacionales y extranjeras; empresas canadienses y norteamericanas operan ya en vastas regiones del estado de Chiapas.
La ola de violencia e impunidad en Chiapas, dijo, ha alcanzado a gran parte de las regiones de la entidad, familias enteras de comunidades campesinas han abandonado sus parcelas refugiándose en otros centros de población y albergues improvisados para resguardarse de estos grupos criminales, ante el silencio cómplice del gobierno del estado.
Afirmó que, la violencia institucionalizada está dirigida además contra organizaciones populares e independientes que luchan por la defensa de sus tierras, por mejores condiciones de vida, por hacer crítica política al régimen, por exigir la libertad de los presos políticos y por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, al permitir que grupos paramilitares como “Los Petules” mantengan hostigamiento constante contra comunidades de El Carrizal y Río Florido, organizadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Ante la gravedad de la descomposición social, comentó que, estos grupos criminales ven a las escuelas como centros de reclutamiento, porque se sabe de jóvenes de escuelas secundarias y de bachillerato, son reclutados como muleteros, los utilizan de espías, para transportar y vender droga, y escalar a paramilitar. La mayoría de estos grupos delincuenciales está compuesta por jóvenes.
Enfatizó que, la escalada de violencia de clase en Chiapas ha alcanzado al magisterio, el secuestro y asesinato de la maestra Berni Flor Mejía Velázquez del COBACH, al maestro de telesecundaria José Artemio López Aguilar del municipio de Chicomuselo, quien participó en una marcha por la Paz ante la ola de violencia en su municipio, fue torturado y ejecutado frente a su esposa e hijos, el profesor Domingo Lugo Ramírez del municipio de Tila fue asesinado por un grupo criminal, llamado grupo Karma cuando se dirigía a su centro de trabajo, el maestro era miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI) al igual que Carmen López Lugo también del CNI, asesinado el 12 de enero por el mismo grupo criminal Karma; además, del hostigamiento y persecución política contra maestros democráticos por estos grupos delictivos.
Advirtió que, dicha violencia institucionalizada que se guía por la opacidad y la impunidad la agudizan con mayor presencia del Ejército y la Guardia Nacional en todo el estado de Chiapas.
Recordó que, el fenómeno de la militarización en Chiapas no es nuevo, la entidad se encuentra militarizada desde 1994, en regiones donde la pobreza y la miseria se acentúan, en zonas con comunidades y organizaciones populares organizadas, en zonas fronterizas, en lugares estratégicos de riqueza mineral y energética que beneficia al capital transnacional, en las ciudades y carreteras de la entidad.
Denunció que, el cometido de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del ejército y la Guardia Nacional contra la población, profundiza aún más la descomposición del tejido social; detenciones arbitrarias, tortura, hostigamientos, persecución política, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad que permanecen en la total impunidad.
Finalmente, la AED de la sección 40, remarcó que, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han contabilizado hasta marzo de 2024, 171 mil 085 ejecuciones extrajudiciales y 114 mil 815 personas desaparecidas, convirtiéndose en uno de los sexenios más violentos, por arriba de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, regímenes que se caracterizaron por la instrumentación del terrorismo de Estado como política de gobierno.