Por: Antonio Díaz Herrera
Ciudad de México. – A través de redes sociales, se compartió un video, sobre una denuncia presentada en el programa “A quien corresponda” de Jorge Garralda, en ADN 40, donde una madre de familia, denunció que, el pasado 20 de enero, su hijo de 3 años de edad, quien cursa Preescolar 1, en el CENDI “Amalia Solórzano de Cárdenas” del IPN, fue víctima de abuso sexual por parte de una asistente educativa.
En dicho video, la madre de familia, expuso que ese día, recibió una llamada telefónica donde se le pide llevar un calzón porque su hijo se había orinado; al llegar al CENDI, recordó, salió la directora indicándole pasara al interior de las instalaciones “cosa que nunca hacen”, observando a lo lejos a su hijo con la maestra B. N., como si estuviera regañado en una silla.
Abundó que, al recibir a su hijo lo nota espantado, la directora no le da alguna indicación y le entregan en una bolsa la ropa sucia; por la noche a la hora del baño, su hijo le indicó que le ardía mucho el ano y que cuando encontró la ropa con sangre, su hijo le comentó que la maestra B. lo lastimó, que le dolía mucho y que lo había limpiado con un algodón.
El menor le expresó también a su mamá que, además lo limpiaron la maestra V. y la doctora L., porque le salía sangre.
La madre de familia narró que, el 6 de febrero, acudió a levantar una denuncia a la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde un médico legista encontró que el niño tenía cicatrices en el recto y se asentó que había tenido tocamientos, mientras que en el hospital psiquiátrico el diagnóstico fue que el menor había tenido abuso sexual y que necesitaba terapias.
La carpeta de investigación fue canalizada a FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas) donde no ha recibido respuesta alguna y por parte del IPN, se resolvió sancionar a la profesora con un descuento. “Mi hijo está muy dañado, tiene enuresis (micción involuntaria) y pesadillas”, exijo justicia y que se castigue a la maestra B. N., demando la madre de familia.
Por lo anterior, las educadoras del IPN han iniciado una campaña colocando en cada uno de los CENDI´s del Instituto pancartas y lonas rechazando las acusaciones y solicitando su derecho de réplica que se les ha negado.
Adicionalmente difundieron un posicionamiento en el que refieren lo siguiente: “Como ya es de conocimiento general, los CENDI’s estamos pasando por una situación grave. El personal que con tanto esmero, cariño y dedicación realiza su trabajo diariamente, ha recibido una serie de señalamientos que se apartan de la verdad, que lastiman la integridad de las compañeras y que más allá de ser calumnias dañan a todo el personal y al propio Instituto.
Agregaron que, saben “que es un tema delicado, sin embargo, en repetidas ocasiones se ha demostrado que estas injurias son completamente falsas; por lo cual una vez más acudimos a la comunidad politécnica para solicitar su apoyo y pedir un alto al acoso que sufren las educadoras de los CENDI’s”
Destacaron que, no pueden permitir que se difame la honrosa labor que realizan las maestras día a día; sobre todo cuando las acusaciones se encuentran lejos de la verdad y la justicia”.
Bajo este panorama, se han viralizado mensajes entre la comunidad politécnica en los que se aborda el caso y se va más allá al asegurar que, la dirigencia de la Delegación D-III-183 de la sección 11 del SNTE, junto al Bloque de Delegaciones Democráticas (BDD) han pactado con el secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, no cesar de sus funciones de la agresora tan solo pidiendo cinco días sin goce de sueldo, los cuales apeló.
Asimismo, se narra que, actualmente los sindicalistas “han atacado frenéticamente a la mamá del niño afectado y siendo ella también una víctima indirecta del delito cometido la han hostigado, ejerciendo violencia psicológica, solicitando que la corran a ella en lugar de la agresora, ya que estos sindicatos han tenido ciertas denuncias de violencia política, de género, acoso, y más”.
Debido a esto, nuevamente las trabajadoras de los CENDI´s del IPN se encuentran en pie de lucha, para rechazar las acusaciones infundadas, sumado a que, afirmaron, la administración del IPN ha admitido que han actuado producto de la “presión” social, por la difusión en algunos medios de comunicación, de hechos distorsionados que no sucedieron.