Por: Antonio Díaz Herrera
Ciudad de México. – La presidenta de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el acuerdo por el cual, en nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 contra integrantes del movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad y por el cual se ofrece una disculpa pública a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto.
Sheinbaum Pardo, recordó que, “Hace 56 años en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX: fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que, en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados’’.
Durante su primera conferencia de prensa, ofrecida en el Salón Tesorería, narró que, “es algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto, para un país más democrático’’.
La mandataria resaltó que ofrecer disculpas a quienes fueron víctimas de los crímenes cometidos contra los participantes del movimiento estudiantil de 1968 es una acción que engrandece a los pueblos y que garantiza la no repetición.
Manifestó que, ‘’La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad -como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente-, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y, al mismo tiempo, pone un alto y dice: Nunca más”.
Reconoció también que, en la firma de este acuerdo su historia personal con el movimiento estudiantil, del cual su madre formó parte, lo que fungió como la base de su trayectoria como luchadora social.
Personalmente, dijo, “Para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68: mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del IPN, ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes; después, fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado ella (…) Y nosotros como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar, cuando tenía siete años, a Pablo [Gómez Álvarez] y a otros presos a Lecumberri’’, señaló.
En este marco, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, dio lectura a los considerandos del acuerdo:
‘’Que asimismo, en reconocimiento al hecho de que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades democráticas que se vive actualmente en nuestro país, en diversos recintos legislativos se ha inscrito leyendas y en muros de honor. Que, para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre, y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado Mexicano, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo:”
Artículo 1°. En nombre y representación del Estado Mexicano se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su 5° informe de gobierno. Textual dijo: ‘Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad: personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado’.
Artículo 2°. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que, en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto.
Artículo 3°. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana.
Artículo 4°. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares.
Artículo 5°. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos.
Artículo 6°. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México. Y que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición.
Por lo anterior, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ofreció una disculpa pública a las familias y a las víctimas por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968.
Externó que, “En cumplimiento a la instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado a este gobierno millones de mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968”.
“Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados. Con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor vertical y autoritario, que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia”, manifestó.
Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que, como gobierno de la transformación se tiene la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años y, por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública “a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse”.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y sobreviviente de 1968, Pablo Gómez Álvarez, subrayó que el movimiento estudiantil de hace 56 años sigue vigente gracias a que el mensaje a favor de la democracia y de las libertades continúa haciendo eco, pero ahora desde la Cuarta Transformación.
“Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país, porque la Cuarta T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968, que estará no sólo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos’’, concluyó.