Por: Carlos Blanco López
Más que las bases son los dirigentes de la CNTE los más molestos con la decisión de que el gobierno exija a las maestras y los maestros que rindan su declaración patrimonial y de intereses, y de alguna manera les asiste y no la razón.
Lo mismo el gobierno insiste en que los trabajadores de la educación, por ser servidores públicos, deben cumplir con la presentación de su declaración patrimonial, antes de que culmine el año, o en su defecto se harán acreedores a una sanción, todo ello como parte del esfuerzo que emprende el gobierno para combatir la corrupción.
El mayor repudio en contra de la declaración patrimonial se ha escuchado en la CNTE de Michoacán, ya que en el caso de las secciones 22 de Oaxaca y 7 de Chiapas, es previsible que las autoridades estatales y federales ya asimilaron que la disidencia de esas entidades tampoco va a rendir su declaración patrimonial.
A las bases seguramente que la declaración patrimonial ni les va ni les viene, o bien, no le temen, en algunos sectores del magisterio, no se tiene una idea precisa de lo que significa y de sus posibles implicaciones, si acaso, versiones confusas u equivocas de ese formato elaborado por la secretaria de la Función Pública, en donde tienen que anotar datos acerca de sus bienes inmuebles, número de autos, cuentas bancarias, etc.
Desconocen en qué consiste porque sus líderes no les han explicado en realidad de qué se trata, obviamente, menos lo han hecho las autoridades educativas, ni las de la Función Pública.
De la declaración patrimonial los dirigentes de la CNTE han dicho que las maestras y los maestros “no son servidores públicos” porque tras la reforma educativa impulsada por el gobierno de López Obrador, el magisterio vive bajo un régimen de “excepción laboral”.
Sabrá que querrán decir con eso porque el sentido común indica que los docentes, al trabajar para el gobierno y recibir su salario de la tesorería federal o estatal, con recursos provenientes de los impuestos, para ofrecer por ese pago el servicio de la enseñanza a los alumnos, pues están ofreciendo, sin tantos recovecos conceptuales, un servicio público.
En algo tienen mucho de razón los dirigentes de la CNTE cuando concluyen que es innecesario que los trabajadores y trabajadores al servicio del estado rindan su declaración patrimonial, por la sencilla razón de que “no tienen bajo su encargo recursos o bienes públicos y viven de su salario, de ninguna manera tienen que ver con el combate a la corrupción”.
Lo recomendable para contribuir a abatir la corrupción sería en todo caso que solamente los dirigentes sindicales rindieran su declaración patrimonial, lo que desde luego no van a hacer alegando que los sindicatos son autónomos.
Es evidente que una vez más el gobierno federal está quedando en ridículo ante la opinión pública al exigir a maestras y maestros que rindan su declaración patrimonial, cuando bien se sabe que no tienen bajo su encargo recursos o bienes públicos.
A poco la secretaría de la Función Pública se va a atrever a sancionar a cientos de miles de maestros inhabilitándonos por algunos días, dejando a miles de alumnos al garete, sin clases. Por favor.