Ciudad de México. – Una jueza federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) comprobar que se realizó una consulta y revisión del material educativo que se utilizará en el ciclo escolar 2023-2024 antes de continuar con su impresión.
La resolución de la jueza Yadira Medina Alcántara, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, a favor de un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), no impide a las autoridades federales imprimir los libros de texto gratuito, pero sí los condiciona a comprobar que se cumplió con lo establecido en la ley para ello.
La jueza federal resolvió hoy que los libros de texto gratuitos de primaria para el ciclo 2023-2024 tendrán que ser los que pasen por todos los procesos previstos en la ley general de educación.
La jueza no prohibió a la SEP imprimir estos libros, pero lo condicionó a que previamente se hubieran seguido una serie de requisitos legales que, probablemente, no podrán llenarse a tiempo para el inicio de clases en agosto, lo que obligaría a mantener los libros de texto anteriores.
“Esta suspensión no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024 que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía; aunado a que deberá considerar la temporalidad necesaria para la capacitación respectiva de las personas educadoras”, aclaró.
“El procedimiento para la impresión de los libros de texto para la educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, debe apegarse y cumplimentarse con cada una de las etapas que la ley prevé para tal efecto, pues solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica; de ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales, al ser, precisamente, un tema de importancia mayúscula y, por ende, de competencia concurrente”, afirmó la jueza.
De no haber cumplido con lo que marca la ley, la SEP y la CONALITEG tendrán que suspender la impresión y entrega de los libros de texto hasta que se compruebe efectivamente que sí existió una revisión del material.