Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – La Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE, dio a conocer que el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, junto con la Secretaría de Educación a cargo de Rosa Aidé Domínguez Ochoa, reafirman la demagogia y la falta de prioridad de su administración para garantizar el derecho educativo de miles de niños y jóvenes en el estado.
A través de un comunicado, recordó que, a finales de octubre del año en curso, tal como ha ocurrido en otros niveles, el nivel de telesecundaria convocó de manera engañosa a supervisores y jefes de sector para la “revisión de plantillas” con presencia de los departamentos de telesecundaria y de programación detallada, en las instalaciones de Planeación Educativa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hecho que únicamente se utilizó para intentar legitimar una imposición más contra el derecho educativo y los derechos laborales.
Subrayó que, desde el departamento de telesecundarias nuevamente se pretende ejecutar por “instrucción superior” otro golpe contra la educación pública, rasgo característico del jefe del departamento Lenin Gumeta Nucamendi, que al priorizar el servilismo reafirma su incompetencia, instando según “autoridades superiores” a la reubicación de personal docente sustentado en los movimientos por necesidad del servicio que otorga la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros en su artículo 90 (LGSCMM).
Indicó que, la falta de presupuesto destinado a la educación y la continuidad de las reformas neoliberales tiene como consecuencia que desde el 2011-2012 en el nivel de telesecundaria no se cuente con plazas de nueva creación, fenómeno que ha generado que comunidades y padres de familia exijan personal docente en centros escolares, por ello, se opta por escatimar recursos en el ámbito educativo y reubicar a docentes según por baja de matrícula con la aplicación de una normativa contraria a la relación alumno maestro que establece el lineamiento nacional para el nivel de telesecundaria.
Añadió que, el uso a modo de la ley por parte de las autoridades es una realidad a la que se enfrenta el magisterio, donde sanciones, descuentos, ceses y un sinfín de medidas coercitivas amparadas en la ley son aplicadas principalmente contra el magisterio democrático; sin embargo cuando se exige conforme a ley la mejora de las condiciones de los centros escolares, la seguridad laboral para el trabajador de la educación, o bien la propia integridad física del personal docente ante la condición de violencia generada por los grupos paramilitares o de corte paramilitar al servicio de los propios grupos de poder al interior del Estado, disfrazados de “delincuencia organizada”, ahí se hace caso omiso de lo estipulado por la norma.
La Asamblea Estatal Democrática de la sección 40, manifestó que, basados en lo que versa el artículo 90 de la LGSCMM, donde contempla la reubicación conforme al peligro de vida y seguridad, aspecto que pese a la agudización de la violencia de Estado en algunas regiones de Chiapas, violencia que cobró la vida de dos compañeros docentes, hasta hoy, no hubo pronunciamiento, ni llamado, mucho menos una circular que velara por la integridad de los trabajadores de la educación, por el contrario, para legitimar el discurso de que “Chiapas estaba en santa paz” se trataba desde la estructura educativa de obligar a los docentes a asistir a escuelas donde la propia comunidad por razones de seguridad para todos había determinado cerrar.
Comentó que, es visible como cada periodo electivo, el derroche de recurso económico para las campañas políticas anticipadas, así como con los megaproyectos, ambos procedimientos en beneficio principalmente empresarial, hecho que supedita las demás necesidades básicas del pueblo a la austeridad sin importar el costo social que de esto emane.
Para concluir, la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 (AED 40), rechazó la pretensión de la SEE de reubicar a personal docente y advirtió que, no permitirán la remoción de trabajadores de la educación de sus escuelas, motivo por el que llama a las estructuras sindicales a realizar la denuncia correspondiente con las asambleas de padres de familia, de barrios y ejidales, y así trazar un plan conjunto para la defensa del derecho educativo. ¡Ante la imposición la denuncia y la movilización!