Por: Carlos Blanco López
En torno a la decisión de la secretaría de Educación Pública de suspender el programa piloto del nuevo plan de estudios han aparecido en los medios comentarios apoyando dicha medida, otros, tal vez los menos, consideran que no había razón para cancelarlo, e incluso no faltaron aquellos que aseguran que la SEP suspendió la prueba por presiones políticas y jurídicas de la derecha.
Lo cierto es que la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, hizo lo que tenía que hacer: acatar la decisión de un juez, mientras que el área jurídica de la dependencia presenta ante las autoridades judiciales sus argumentos que le permitan demostrar que el programa piloto se puede poner en marcha porque no viola cinco preceptos constitucionales.
De entre los especialistas que alegan que la SEP se encuentra inmersa en una guerra frente a los empresarios de derecha, se ubica Juan Carlos Miranda Arroyo, el cual explica que los protagonistas de esta guerra jurídica con “efectos políticos” son el gobierno democráticamente electo contra los poderes fácticos, es decir, “las asociaciones apéndices de cúpulas empresariales y de las fuerzas vivas de la mal llamada sociedad civil, que tienen fuerte presencia en medios de comunicación, y que cuentan con la simpatía de las cúpulas eclesiásticas”, y con una “estrategia deliberada de judicialización para incidir en la orientación de política públicas educativas”.
Para demostrar que efectivamente son agrupaciones de derecha detalla que en el sitio de internet de Educación con Rumbo se puede ubicar que en esa asociación confluyen Grupo Educación, Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia, Seamos Héroes y el Instituto de Análisis de Política Familiar.
De entre esas agrupaciones sobresale la presencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, un organismo ligado a la Iglesia Católica que a lo largo de su historia se ha visto involucrada en la defensa de la educación particular, y que a principios de la década de los sesenta se opuso a la puesta en marcha de los libros de texto gratuito. En buena hora perdió y lo demás ya es historia.
Nadie podría negar que la UNPF está ligada a escuelas propiedad de congregaciones religiosas, como, por ejemplo, los lasallistas, propietarios de la Universidad La Salle.
Sin embargo, lo central, es que no hay que poner el grito en el cielo porque la agrupación Educación con Rumbo se opuso a la puesta en marcha de un programa piloto del nuevo plan de estudios.
Como asociación liderada por mexicanos está en su derecho legal de acudir ante las autoridades judiciales para demandar la suspensión de ese modelo educativo, y al mismo tiempo ofrecer ante la opinión pública sus argumentos que la orillan a no estar de acuerdo con dicha medida educativa oficial.
Es elemental que en un Estado de derecho lo correcto y ético es que los liderazgos inconformes o cualquier ciudadano a disgusto con una medida oficial actúen política y judicialmente. De nada sirve actuar políticamente, denunciando determinada irregularidad para generar corrientes de opinión a a la causa que se busca defender, si al mismo tiempo no se acude ante las autoridades judiciales.
Por citar un caso, a manera de ejemplo, si un grupo de ciudadanos no está de acuerdo con la construcción de un edificio de cinco pisos en alguna calle o avenida de su colonia y asegura –en su manifestación callejera para atraer la atención de los periodistas– que en la zona donde habitan no está permitido legalmente la construcción de un edificio de esas características, y que los permisos que obtuvo el desarrollador inmobiliario los obtuvo de manera irregular, entonces el ciudadano tiene necesariamente la obligación de dar el siguiente paso y demostrar, con la normatividad en la mano, que la empresas constructora no está cumpliendo con la ley, que está violando la normatividad fijada en materia de uso del suelo en esa demarcación.
De ahí la necesidad de restar relevancia a todos esos comentarios que buscan generar entre la opinión pública que lo que se vive en México es una guerra de la derecha contra el gobierno democráticamente electo.
Habrá que entender que la democracia se sustenta en la pluralidad, México, afortunadamente, no es una nación donde todos los sectores sociales cuentan con un pensamiento homogéneo. Es más, un país que cuente con una población de pensamiento único, no existe. La diversidad enriquece y oxigena la democracia.
Solo en los regímenes totalitarios, desde el poder, se busca imponer un pensamiento único, y ni así el autócrata logra su cometido; nunca lograrán sofocar a la gente que piensa diferente.