Chiapas. – Cientos de trabajadores de la educación agrupados en la sección 7 del SNTE-CNTE y militantes del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, participaron en marchas regionales, en el marco del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
El magisterio disidente, llevó a cabo manifestaciones en al menos 17 regiones, entre ellas, Soconusco (Tapachula); Valle (Cintalapa); Costa Chica (Tonala); Cañera (Venustiano Carranza); Maya, Ch´ol, Pakalkín y Selva Bonampak (Palenque); Centro, Zoque e Itzantún (Tuxtla Gutiérrez); Petróleos (Pichucalco); Frontera Sur (Chicomuselo); Fraylesca y Cuxtepeques (Villaflores), y Cafetalera y Sierra Norte (Yajalón)
Entre los ejes de lucha que fueron enarbolados en las protestas destacan la abrogación de la Reforma Educativa del gobierno de la Cuarta Transformación; reinstalación de los 33 cesados del Comité Ejecutivo Seccional (CES); operatividad inmediata de las cajas de ahorro; alto a los agravios de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM) y acciones unilaterales de las autoridades educativas; alto a la persecución administrativa, laboral y pedagógica; y abrogación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
A través de un comunicado dirigido a los pueblos de México y del mundo, al Movimiento Magisterial y Popular y a los representantes de los medios masivos de comunicación, la sección 7 recordó que, el jueves 18 de agosto de 2022, la denominada Comisión de la Verdad, en voz del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Rodríguez, presentó un informe respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Señaló que entre las conclusiones, sobresalen las siguientes: “constituyó un crimen de Estado”, “no hay indicios de que las víctimas se encuentren con vida”, en el crimen “concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, “autoridades estatales y federales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Para la sección 7 del SNTE-CNTE, lo expresado por Alejandro Encinas respecto a la complicidad de la delincuencia organizada con los funcionarios e instituciones del Estado mexicano en la desaparición forzada de sus compañeros, sólo confirma lo que reiteradamente los Padres de los 43 y el movimiento popular nacional e internacional han denunciado.
Anotó que, es indudable que altos mandos del ejército mexicano, el entonces presidente de la República, el secretario de Gobernación, el procurador general de la República, el gobernador del estado de Guerrero, el presidente municipal de Iguala y funcionarios de Seguridad Pública, estuvieron involucrados directamente en ese crimen de lesa humanidad.
Por tal razón, aseveró, no pueden aceptar que lo expresado por la Comisión de la Verdad se quede sólo como un informe que “esclarezca” los hechos, un golpe mediático preelectoral para acalambrar a la oposición, o una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública frente a los graves problemas de violencia, inseguridad pública e inflación que se expresa en la carestía y pérdida del poder adquisitivo de su salario.
Por último, subrayó que la detención de Jesús Murillo Karam, “autor de la verdad histórica” debe ser el inicio de una verdadera impartición de justicia y exigió una investigación a fondo y un deslinde de responsabilidades sin importar la investidura o cargo que ocupen los involucrados.