Ciudad de México. – Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a las familias de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, fijó su posicionamiento ante la liberación del General Rafael Hernández Nieto, quien se encontraba detenido hace un mes, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y desaparición de los 43 normalistas en 2014.
El general Rafael Hernández Nieto, permanecía recluido en el Campo Militar No. 1-A, en la Ciudad de México, bajo prisión preventiva como medida cautelar, sin embargo, su liberación fue concedida por la titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, después de que determinara que la Fiscalía General de la República, no acredito la necesidad de prisión preventiva.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, FUNDAR, SERAPAZ y el Centro Prodh “Miguel Agustín Pro Juárez”, consideraron como inusual el beneficio otorgado al militar, al permitirle enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.
Estas organizaciones recordaron que: “No es la primera vez que dicho General recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal. Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el 6 de julio de 2023; posteriormente se le dictó auto de formal prisión”.
Subrayaron que, la determinación adoptada por la jueza, muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. “Las organizaciones que acompañamos a las familias, no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”.
Refirieron que, en el caso, además, de forma extremadamente inusual la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga; celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa.
Recordaron que, el General Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de
Infantería al momento de los hechos, es expresamente mencionado en los mensajes de texto intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas, con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada.
Puntualizaron que, específicamente en los mensajes se dice que “Voy a ir a telo a traer cosas y ver a coronel nieto para k este bien todo”, además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 Batallón de Infantería, mientras Nieto era la cabeza de este último.
Las organizaciones de derechos humanos, explicaron que, por las distancias, los padres y madres de los 43 apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura, no obstante, señalaron desde ahora que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejercito mexicano, se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia.