Acapulco, Guerrero. –Para exigir la basificación de mil 200 docentes que trabajan por contrato, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) marcharon de las instalaciones del Ex INEBAN con rumbo al Centro de Convenciones sobre la costera Miguel Alemán, para presionar a las autoridades estatales y resuelvan su problemática.
200 docentes disidentes arribaron de la región Costa Grande y del puerto de Acapulco para tener una reunión y una jornada de asambleas informativas, encabezadas por Walter Emmanuel Añorve Rodríguez, responsable de la Comisión Política de la Región Acapulco de la CETEG, donde acordaron marchar de la Diana Cazadora a la Base Naval.
Por su parte, el integrante de la Comisión Política de la CETEG en la Costa Grande, Manuel Salvador Rosas Zúñiga, exigió mayores garantías para sus compañeros maestros, toda vez que al menos 12 han sido interceptados por grupos armados.
En el trayecto exigieron que en las mesas de diálogo que se realizan en Chilpancingo, se avance en la basificación de los trabajadores de la educación que llevan años trabajando por contrato.
Justificaron que su táctica de lucha movilización-negociación-movilización, es su referente de su principio de lucha, porque sólo de esta forma se reivindica la defensa de sus derechos laborales y exigen la nivelación salarial para todos, porque hay maestros que siguen ganando poco.
Después de la movilización la CETEG confirmó una reunión con autoridades educativas para el 14 de julio en Chilpancingo, que fue una propuesta que les hizo vía telefónica el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña.
Los líderes de la CETEG adelantaron que el próximo martes acudirá una comisión que represente a las tres regiones de docentes movilizadas, para entregar de manera formal la solicitud de audiencia en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).
En conferencia de prensa, el dirigente Walter Emmanuel Añorve Rodríguez señaló que los docentes tampoco presentarán su declaración patrimonial que establece la Constitución, como lo dio a conocer el contralor Eduardo Loría Casanova, y argumentó que son asalariados del gobierno y no manejan recursos públicos, por lo que consideró, se trata de una ley injusta.
Descartó que algún trabajador haya recibido notificaciones para que cumpla con dicho trámite; no obstante, aseguró que están preparados para responder como lo hicieron con la evaluación de la reforma educativa.