Por: Carlos Blanco López
Al presidente López Obrador le faltan asesores en materia educativa para que lo orienten sobre los diversos asuntos que atañen a este sector porque al defender en su mañanera el tema del programa piloto del nuevo plan de estudios que se iba a poner en marcha en 960 planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, expresó que el amparo concedido por un juez a Educación con Rumbo para evitar la aplicación del programa piloto, se debe a que los “conservadores tienen la idea del porfiriato de que estudie quien tenga para pagar colegiatura”.
También expresó que la derecha se opone al plan de estudios porque fue elaborado por maestros “pedagogos”, e incluso defendió los libros de texto porque gracias a ellos recibimos educación, en todos los pueblos, la educación primaria”.
Cabe aclarar para evitar confusiones que la organización Educación con Rumbo jamás demandó la cancelación de la educación pública para privilegiar la educación primaria.
De igual forma nunca solicitó ni mucho menos sugirió que se eliminarán los libros de texto gratuito.
Lo único que hizo Educación con Rumbo fue solicitar a la autoridad judicial un amparo para evitar que se aplicara un plan piloto del plan de estudios porque consideró que se pretendía poner en marcha siendo que el modelo viola al menos cinco artículos de la Constitución, así como que no fue sometido ante el Consejo Nacional de Participación Escolar en Educación, una instancia de consulta ciudadana que se instituye en la Ley General de Educación.
Y porque para la aplicación del programa piloto no habían recibido capacitación las maestras y los maestros participantes.
Ante esos argumentos el juzgado sexto de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México frenó el arranque del nuevo plan de estudios de Educación Básica, por considerarlo “inconstitucional”.
De acuerdo a la versión de Educación con Rumbo no existe justificación legal para que la SEP únicamente implemente el programa en escuelas públicas, por lo que el modelo solo se aplicaría a los niños de 960 centros educativos es discriminatorio y se trata de un modelo “prueba-error, lo cual, de acuerdo a esta ONG es inconstitucional porque es un programa que no “garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como lo establece la constitución”.
Eso es todo: no hay ninguna campaña para eliminar los libros de texto gratuito, ni mucho menos para acabar con la educación pública.