Por: Antonio Díaz Herrera
Ciudad de México. – A un año de la desaparición del profesor de la sección 18 del SNTE-CNTE, Antonio Díaz Valencia y del abogado, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, en el Municipio de Aquila Michoacán, debido a un conflicto comunitario y jurídico por la explotación de la mina Las Encinas de la empresa Ternium, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que, se han realizado 42 jornadas de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda; más de 50 búsquedas en vida, por la Fiscalía General de la República (FGR); 20 reuniones con autoridades federales y locales, así como 8 reuniones con familiares y su representación Legal.
Remarcó que, desde que se denunciaron los hechos, se solicitó a la FGR la atracción del caso y en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, CONASE, SEDENA y SEMAR, han realizado operaciones en Colima y Michoacán, teniendo a dos personas detenidas, vinculadas a proceso por desaparición cometida por particulares.
Detalló que, se han realizado acciones de búsqueda en Cerro de Ortega, El Ahijadero, Cerro de Aguilar, Rancho los Lobos, Las Conchas, Coahuayana viejo y nuevo, Achotán (en diversas coordenadas), Laguna el Paraíso, Ranchito el Diamante, Brecha del Coyote, Las Cuevas, Barranca de Potrero, San Lorenzo, Ojo de agua e Iztlahuacan, Rancho Piedras
Blancas y Rancho el Jarat; sin que se haya logrado su localización.
Enfatizó que, en el marco de una reunión con familiares de los desaparecidos celebrada ayer, se presentaron las siguientes peticiones: reforzar las acciones de búsqueda humanitaria; protección a testigos y familiares de los desaparecidos; proporcionar actualizaciones de los avances en las carpetas de investigación y continuar con la coordinación interinstitucional entre la FGR, SEDENA, SEMAR, Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y Guardia Nacional.
Además de que, la CONASE participe para cumplimentar las órdenes de aprehensión que están pendientes; dar seguimiento a los procesos jurídicos de los presuntos responsables y coordinación desde el gobierno federal con los gobiernos de Colima y Michoacán.