Chiapas. – La Asamblea Estatal Democrática (AED-40) de la sección 40 del SNTE-CNTE, reconoció que, a 43 años de la creación de la CNTE, dicha organización se erige como un referente que trasciende la lucha gremial y da fortaleza política ideológica al movimiento magisterial popular a través de sus 22 principios políticos.
Señaló que, con el impulso de un sindicalismo de clase, la CNTE se mantiene viva a través de las bases consecuentes que sin hacer concesiones políticas libran combate político e ideológico en la verdadera defensa de la educación pública, los derechos laborales y sindicales del pueblo trabajador.
Recordó que, su creación el 17 de diciembre de 1979 en Chiapas tiene origen en el movimiento democrático independiente, de ahí que como organización de lucha magisterial la CNTE rebase por mucho las figuras caudillistas de líderes o intelectuales que se asumen como mandamás de la organización.
La AED-40 ratificó su carácter independiente como organización magisterial, así como su militancia en la CNTE, no por decreto sino con una práctica política consecuente que sus 22 principios políticos, y expresó que, con conciencia de clase defiende la educación pública y los derechos laborales, lucha contra la explotación y opresión capitalista y el Estado burgués, por la mejora de las condiciones de vida del pueblo trabajador, por la democratización del SNTE y del país, así como por el socialismo.
Con la unión dialéctica entre teoría y práctica, impulsa desde las regiones las rutas política, organizativa, jurídica y educativa, realiza acciones políticas de masas para resolver las necesidades inmediatas e históricas del pueblo, denuncia permanentemente la continuidad de políticas antipopulares y la represión como política de Estado, de ahí que fraterniza con distintos sectores, comunidades, barrios y autoridades ejidales, así como con organizaciones populares independientes pues sabe que es a través de la unidad y organización combativa e independiente de los trabajadores del campo y la ciudad como el conjunto del movimiento popular ha cosechado grandes victorias.
Reivindicó que los 22 principios políticos de la CNTE como parte de la discusión interna han hecho que aquellos que se han extraviado políticamente se separen de la organización, de igual manera el ser consecuentes ha hecho que el Estado a través de sus instituciones hostigue, persiga y reprima económica, administrativa o judicialmente al magisterio democrático.
Se criminaliza la protesta, la denuncia y la resistencia de los trabajadores de la educación contra distintas ofensivas del gobierno, así como de los planes para corporativizar a las masas magisteriales, lo que ha ocasionado que desde el 2013 hasta hoy en día, las administraciones federales, estatales y municipales a pesar de los cambios de colores partidistas, arremetan contra su posición política.
Hoy la administración de Morena en Chiapas atenta contra el empleo de dos compañeros docentes, ya son 8 meses en los que dos familias se han quedado sin el sustento económico a causa de dos procesos de cese injusto contra Juan Manuel Pérez López y Fidel Girón Guillen, profesores a los que se pretende retirar del cargo por su militancia, tal como demuestran las irregularidades y los tiempos en los procedimientos jurídicos de la Secretaría de Educación al mando de Rosa Aidé Domínguez Ochoa, hechos que evidencian el verdadero rostro de la actual administración contra todo aquel que se inconforma y protesta, con la ejecución y complicidad del jefe de Departamento de Telesecundaria, Lenin Gumeta Nucamendi, en complicidad con los charros de la Comisión Ejecutiva impuesta en el Comité Ejecutivo de la sección.
A eso se suma la judicialización contra integrantes de la Dirección Política, activistas y padres de familia en las distintas regiones, el hostigamiento, la persecución y represión contra docentes, directivos, supervisores y jefes de sectores que no están de acuerdo con el exceso de carga administrativa, las amenazas de sanciones y el intento por responsabilizar a los docentes de todo el trabajo de diversas instituciones, jefes de departamentos sin criterios que fuera de centrarse en las necesidades de cada nivel ejecutan órdenes para satisfacer la parte patronal.
Mientras que, en la Región Selva Ocosingo–Yajalón, las autoridades educativas y municipales ante la exigencia de solución a las demandas de comunidades y barrios son dilatadas, claves de escuelas de nueva creación se autorizan pero no se liberan por ser parte del movimiento magisterial y popular, solicitudes de construcción que son archivadas y omitidas por las autoridades competentes, la falta de seguridad laboral para personal administrativo y de intendencia que labora en nuestras escuelas y el retiro de contratos con la evasión de la responsabilidad de la Secretaria de Educación.
En tanto que en la Región Frailesca, se orquesta la imposición y la sanción contra representantes sindicales democráticos como lo sucedido en la Zona 027 de telesecundaria, donde el departamento de telesecundaria a través de las supervisiones amenaza abiertamente a compañeros, de la misma manera que en la Región Altos, donde la incompetencia en el manejo de las problemáticas es la constante y se refleja en los titulares de las supervisiones 028 y 052 así como la jefatura de sector 04.
El manejo a modo de recursos a pesar de la denuncia y el repudio de docentes y padres de familia por personajes afines al jefe de departamento de telesecundaria se replica de igual manera en la Región Norte en la supervisión 049 y el sector 016, donde la omisión, el tráfico de influencias, la imposición y el favoritismo se impone desde los cargos oficiales afectado el derecho educativo y laboral de alumnos y docentes.
Todas estas arbitrariedades, omisiones e imposiciones, dijo, no sólo atentan contra el derecho educativo y laboral, también pretende fortalecer una posición política que garantice mayor opresión y consolidar masas clientelares obligadas a transitar por los caminos burocráticos enmarcados por la institucionalidad burguesa.
Manifestó que, a 43 años de la creación de la CNTE, están conscientes que, para hacer valer los intereses de los trabajadores de la educación, son los propios trabajadores los que tienen que alzar la voz y exigir la mejora de sus condiciones de vida y la del pueblo en general.