Por: Antonio Díaz Herrera
Ciudad de México. – La independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.
En el marco de la inauguración de los foros “Reforma Constitucional en Materia de Justicia” recordó que México optó hace dos siglos por la forma de gobierno republicana, representativa y federal, en los que ha habido una evolución política azarosa y aún queda pendiente consolidar el federalismo y la división de poderes, pero enfatizó que “no puede haber retrocesos en la materia”.
En el auditorio “Alfonso Caso”, Lomelí Vanegas, señaló que se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia sea asequible, visible y entendible para todas y todos, ya que es un derecho humano inalienable.
El rector añadió que se deben concebir y planificar políticas públicas que aseguren que todas las personas accedan a una justicia pronta y expedita. Asimismo, remarcó que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, pues erosiona la legitimidad de nuestras instituciones. “Se necesitan establecer controles y sanciones efectivas para erradicar esta práctica”.
Al ser acompañado por autoridades de entidades académicas de la UNAM que realizan labores de docencia e investigación sobre el derecho, el rector subrayó que estos Foros son un espacio de diálogo constructivo, reflexión y consulta, donde la diversidad de voces y perspectivas es esencial para repensar y diseñar una reforma judicial que responda a las necesidades y expectativas de todas y todos los mexicanos.
Remarcó que, se analizarán las experiencias y buenas prácticas internacionales que puedan enriquecernos, y llamó a fomentar la participación ciudadana en este proceso, además de impulsar una mayor educación en derechos y deberes entre la población. “Una ciudadanía informada puede exigir y contribuir a una justicia efectiva”.
Además, invitó a participar en los Foros -que se conforman de siete mesas a realizarse en los próximos días- con el objetivo de fortalecer nuestro sistema judicial y consolidar nuestro Estado de Derecho democrático, así como el equilibrio de poderes, necesario para la salud de la República.
Por su parte, el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, rememoró que en febrero de este año el titular del Ejecutivo Federal envió un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales y legales al Congreso de la Unión y una de ellas es para la transformación al Poder Judicial Federal, donde se busca cambiar de raíz su modelo de gobierno, su administración y organización en general.
Explicó que, para enriquecer la discusión nacional, las facultades de Derecho (FD), de Estudios Superiores (FES) Acatlán y Aragón, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) se unieron para analizar, debatir, enriquecer “y proponer alternativas e ideas que contribuyan a un mejor proyecto de modelo de justicia en el país”.
A su vez, la directora del IIJ, Mónica González Contró, expuso que el fin del Estado es garantizar la vida y el bienestar de las personas, para que puedan desarrollarse libremente; y el Poder Judicial, como integrante del Estado debe ser vigilante de los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
Manifestó que la independencia judicial es una condición indispensable para que las personas juzgadoras tomen decisiones con base en la ley y la Constitución, pero no para su aplicación ciega, sino considerando las circunstancias de exclusión histórica.
Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, consideró que reflexionar en torno a la justicia es básico, pues no se trata solo de un ideal o un concepto abstracto, esta impacta en la vida de cada ciudadano, pasando desde el acceso efectivo a tribunales hasta coadyuvar al orden público.
Anotó que, actualmente, hay desafíos como la falta de confianza en las instituciones, la impunidad y los problemas de acceso. De acuerdo con datos de Latinobarómetro, la población mexicana desconfía bastante del Poder Judicial, con una aprobación de apenas 24 por ciento y solo por encima del Congreso de la Unión y los partidos políticos.
Mientras tanto, el investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés Ríos, apuntó que la reforma al Poder Judicial hasta ahora propuesta pretende seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias.
Enfatizó que, “Esto no resolverá los problemas existentes, en cambio, derogará avances logrados a lo largo de décadas. No hay soluciones perfectas, pero sí mejores y peores, por lo que el país merece escuchar todas las voces interesadas en opinar en este tema, de manera libre e incondicionada”.
Asimismo, aseveró que, a lo largo de su historia, México ha acumulado experiencias fallidas de reforma, y hoy se requiere una que sea razonada, seria y completa.