Secretario general del SNTE, presenta iniciativa de ley para fortalecer la autonomía sindical

Por: Antonio Díaz Herrera

Ciudad de México. – Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y Senador de la República, presentó una iniciativa de ley para fortalecer la autonomía sindical, en busca de frenar la intromisión de funcionarios en la vida de los sindicatos.

Durante su intervención, Cepeda Salas recordó que, el nuevo modelo laboral y sindical derivado de la reforma del 1 de mayo de 2019 desmanteló un viejo sistema, dejando atrás muchas prácticas que limitaban el libre ejercicio de los derechos laborales de la clase trabajadora.

Señaló que, la reforma materializada en la Cuarta Transformación fue producto de una larga lucha en defensa del trabajo y el salario digno, así como una representación sindical legal y legítima.

Gracias a ello, dijo, la democracia, la libertad y la autonomía sindical hoy son los pilares del nuevo modelo laboral, son derechos consagrados en el marco jurídico y son una garantía de las y los trabajadores tutelada por el Estado mexicano.

Precisó que, la realidad exige seguir perfeccionando el andamiaje legal en beneficio de la clase trabajadora y del fortalecimiento de la autonomía sindical; siendo necesario incorporar nuevas herramientas a la ley para poner un freno contundente a la corrupción y desterrar para siempre los vicios del pasado que aún están presentes en el actuar de algunos servidores públicos, quienes insisten en tener injerencias perniciosas con la finalidad de imponer dirigentes a modo, silenciar las demandas de los trabajadores y utilizar en su beneficio a los gremios para mantener en el tiempo un control indebido de las instituciones.

Por lo anterior, puso a consideración adicionar y reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de:

Número 1.- Establecer que los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de cualquier persona servidora pública en su constitución, funcionamiento o administración.

Número 2.- Consignar como actos de injerencia realizados por personas servidoras públicas las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores o apoyarlas de cualquier forma, con el objeto de colocarlas bajo su control, así como las tendientes a entorpecer el cabal y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad y/o la destitución de la directiva sindical.

Número 3.- Señalar expresamente que las prestaciones pactadas en las condiciones generales de trabajo no serán consideradas como actos de injerencia.

Número 4.- Estipular que cualquier acto de injerencia por parte de la persona servidora pública, realizado por sí o interpósita persona, será considerada falta administrativa grave en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las demás sanciones que les correspondan.

Número 5.- Mandatar que se considera falta administrativa grave cualquier acción tendiente a entorpecer el cabal y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de las directivas de los sindicatos, así como cualquier acto u omisión que viole los derechos de las organizaciones sindicales establecidos en las leyes de la materia.

Cepeda Salas subrayó que, en el segundo piso de la cuarta transformación es nuestro deber fortalecer y dar continuidad a las conquistas laborales alcanzadas por la clase trabajadora.

Manifestó que, debemos erradicar, tanto de los sindicatos como del servicio público, la corrupción, y sancionar con toda la fuerza de la ley, cualquier conducta contraria a su mandato.

Con base en lo anterior, invito a los legisladores impulsar, desde el Senado de la República, un nuevo y renovado sindicalismo en las 32 entidades federativas del país en que la legalidad, la transparencia, la equidad, la democracia, la libertad y la autonomía sean las bases fundamentales, para la justa y eficiente defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México.

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