Por: Carlos Blanco López
Un nuevo brete enfrenta la autoridad educativa federal y no es un problema menor, como resultado de que la dirigencia nacional del SNTE presentó un amparo para impugnar las Reglas de Operación del programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, elaboradas por la titular de la SEP, Delfina Gómez, alegando el sindicato que las reglas son violatorias de los derechos humanos del magisterio.
Por una razón elemental el SNTE alega que hay violación de los derechos humanos del magisterio, ya que en la integración de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), los directores, maestras y maestros no tienen derecho a figurar como presidentes de los Comités, ni mucho menos ser responsables de la “Tesorería”, en tanto que su labor solo será la de ser vocales, es decir: quedarán colocados en calidad de floreros o macetas al final del pasillo.
Con esa medida que aparece en las reglas de operación y en el “Manual del Comité Escolar de Administración Participativa” da la impresión que la secretaria de Educación Pública y en general el gobierno de la Cuarta Transformación consideran que el magisterio carece de la suficiente calidad ética y moral que se requiere para administrar honestamente los recursos que el gobierno federal hace llegar a los planteles para el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas de educación básica.
En la demanda de amparo que presentó el CEN del SNTE el pasado 18 de marzo ante el juez federal German Cruz para “suspender las reglas de operación”, argumentó que dichas Reglas de Operación representan una violación a los derechos humanos, así como indebida fundamentación y motivación de las Reglas de Operación.
La forma en cómo se definió el funcionamiento de los CEAP navega en contra de la narrativa del gobierno federal de emprender medidas que contribuyan a dignificar la profesión magisterial, lo que de suyo implica brindarles mejores condiciones salariales que estimulen su desempeño profesional y que eleven sus condiciones de vida, pero además que los docentes sean reconocidos en su justa dimensión social.
En la misma Ley General de Educación aprobada en septiembre del 2019 se estableció la necesidad de “fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad”.
Cómo entonces la SEP podría explicar que, si entre sus metas principales está la de “fortalecer” el liderazgo de las maestras y los maestros en la comunidad escolar, al mismo tiempo determine que el personal docente no puede ocupar la presidencia ni la Tesorería de los Comités Escolares de Participación Administrativa. Esto es una incongruencia, además de que entre los padres de familia y los alumnos dicha disposición estimula la desconfianza hacia el personal docente.
Desde que están en las instituciones formadoras de docentes a los estudiantes se les enseña que tienen que ser los líderes de la comunidad escolar, de tal manera que cuando den clases frente a grupo el proceso de enseñanza-aprendizaje fluya en la dirección correcta a favor del buen desempeño del centro educativo.
Lo mejor es que la SEP sea sensible y modifique las reglas de operación y permita que las maestras y los maestros puedan ser votados para formar parte de los CEAP, en calidad de presidentes o tesoreros, y que al final de cuentas sea la propia comunidad escolar la que ofrezca la última palabra y decida quienes deben administrar los recursos para mejorar la infraestructura de los planteles.
Lo que no se vale es que la SEP asigne una responsabilidad marginal a los docentes en los Centros Escolares de Administración Participativa. En todas sus decisiones la maestra Delfina Gómez requiere tener presente, no nada más en el discurso, que el magisterio es la columna vertebral de la educación nacional. Eso no es pecata minuta.