Por: Antonio Díaz Herrera
Ciudad de México. – Después de que, la tarde de ayer, en el tercer piso de la Facultad de Economía de la UNAM, en un intento de asalto, una alumna fuera agredida con un arma blanca por un sujeto no identificado, la comunidad estudiantil de ese plantel, organizó una asamblea en la que se redactó un pliego petitorio, mismo que fue entregado a la directora Lorena Rodríguez León.
En el documento, los asistentes a la asamblea, exigieron a las autoridades que tomen las medidas necesarias y oportunas que les permitan realizar sus actividades académicas sin miedo, acoso o violencia de ningún tipo.
Las demandas de la comunidad estudiantil son las siguientes: implementación de medidas de seguridad dentro y fuera de la facultad como son; poner 27 botones de seguridad en cada baño, dentro de cada cubículo, 17 en el edificio principal, dos en los baños de bibliotecas y cinco en los baños por cada piso; instalar diez cámaras de vigilancia tanto en el edificio principal como en el anexo (en todas las entradas principales, la trasera y las laterales) en puntos estratégicos dentro y fuera de la Facultad, asegurando su monitoreo continuo y eficaz.
Además de implementar la presencia de personal de seguridad en todas las áreas de la Facultad, especialmente en los accesos, pasillos y zonas poco transitadas; asegurar un adecuado alumbrado en los alrededores de la Facultad, en particular en las rutas que conectan con el transporte público y alrededor de la Facultad; mapa de botones de seguridad y cámaras; números telefónicos de emergencia tanto de la Facultad como de la UNAM en los baños.
Los estudiantes, adelantaron que, si no se cumplen los anteriores puntos, para el lunes 9 de septiembre del presente año, iniciarán un paro de actividades.
De igual forma, solicitaron el traslado de la Unidad Especializada en Violencia de Género; establecer una oficina o cubículo permanente dentro de la Facultad y no en otra instancia para así tener una atención pertinente, que sea encargada de atender y gestionar denuncias relacionadas con violencia de género, acoso y discriminación, con personal capacitado y especializado en perspectiva de género; proveer un protocolo claro y transparente para atención de estos casos, que garantice la confidencialidad, el apoyo sicológico y la protección de las víctimas, entre otras demandas.