Ciudad de México. – Elba Esther Gordillo Morales, quien durante 24 años encabezó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tiene un crédito fiscal de 21 millones 252 mil con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivado de movimientos irregulares operados en 2008 y 2009, resolvió hoy el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El SAT estableció que ciertos depósitos y pagos de tarjetas de crédito realizados durante la gestión de Gordillo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debían ser considerados ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Durante la sesión de la Sala Superior, los magistrados validaron el crédito fiscal millonario que el SAT determinó a Gordillo Morales el 22 de octubre de 2021 –es decir, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador–, tras detectar irregularidades en el pago de impuestos de depósitos bancarios, pagos con tarjeta de crédito y erogaciones realizadas a cuenta de un tercero.
Elba Esther Gordillo ha argumentado al respecto que los pagos con tarjeta, muchos de ellos realizados en tiendas de lujo en Estados Unidos, eran en su totalidad gastos de representación en su calidad de presidenta del SNTE.
Carlos Chaurand, magistrado del TFJA que presentó la sentencia, explicó en una sesión pública que Elba Esther no demostró que dichos ingresos eran gastos representativos del SNTE. Elba Esther Gordillo puede impugnar la sentencia mediante amparo directo ante un tribunal colegiado, si este es negado, deberá pagar la deuda o el SAT podría embargar sus cuentas y bienes.
En enero de 2021, la sala superior de TFJA anuló dos créditos fiscales que juntos sumaban 25.5 millones de pesos, impuestos por ingresos no declarados en 2010 y 2012. Sin embargo, esta no aplicó porque se llegó a considerar como violatoria debido a que estaba privada de su libertad mientras el SAT realizó las auditorías.
Para el caso de hoy, ya no aplica el argumento de que Gordillo estaba presa, puesto que fue absuelta en 2018 de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada de los que fue acusada en 2013 y por los que fue capturada.