Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. – La diputada Inés Parra Juárez (Morena) informó que presentó, el 20 de julio pasado, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, una denuncia contra el Instituto Politécnico Nacional (IPN) por un quebranto al erario público de 273.7 millones de pesos.
Esto, dijo, se registró en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2022 donde la Auditoría Superior de la Federación señaló una serie de pliegos de observaciones que no se han solucionado, ni solventado.
En conferencia de prensa, Parra Juárez reiteró que solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que integre la carpeta de investigación de los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito, colusión de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito de servicio público y tráfico de influencias en agravio de la hacienda pública federal de aquel o aquellos funcionarios del IPN que resulten responsables de los probables delitos de corrupción denunciados.
La diputada de Morena aseveró que este trabajo que ella hace, en realidad corresponde a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, cuyo titular es el auditor Nemecio Arturo Ibáñez Aguirre, y la Unidad de Asuntos Jurídicos, a cargo de Víctor Manuel Andrade Martínez.
Refirió que de 2017 a 2020 hay 814 pliegos de observaciones insolventables propicios de convertirse en denuncias de hechos; están archivados, esperando el olvido que permita la impunidad de los corruptos.
Inés Parra subrayó que ha solicitado con vehemencia que la Auditoría Superior de la Federación integre los expedientes de denuncias de hechos de todos aquellos pliegos de observaciones que detecten irregularidades y quebranto al erario público federal.
Sin embargo, lamentó que exista toda una política de encubrimiento por parte de una mayoría de legisladores de la Comisión de Vigilancia de la ASF, de todos los partidos, en colusión con los auditores, para que no se presente la denuncia de hechos ante la fiscalía correspondiente.
“Las instancias obligadas, por ley, a presentar denuncias de hechos son la ASF, la Secretaría de la Función Pública, pero están siendo omisas y tiene una tendencia a la baja en la presentación de estas denuncias; no quieren entrar de lleno al combate a la corrupción y se vuelven instancias encubridoras de la corrupción. Ese es el ´elefante blanco´ del que ha hablado el presidente y no se quiere echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción”, finalizó.