Ciudad de México. – Derivado de un amparo presentado ante el juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por parte de la organización, Educación con Rumbo, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Educación Pública, garantizar el derecho humano de los niños a la educación, así como salvaguardar el interés superior de los menores en México por lo cual deberá llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025.
Lo anterior, toda vez que a la fecha las autoridades en materia educativa no han llevado a cabo los trámites necesarios para asegurar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleve a cabo la Prueba PISA que evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias de los niños.
El Abogado Constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, refirió que la resolución obtenida es un precedente relevante en materia de defensa de los derechos humanos de los niños a fin de contar con un diagnóstico objetivo que permita medir, evaluar, garantizar la mejora continua de la educación, pues la prueba PISA permite evaluar el grado de eficiencia de las políticas públicas implementadas en México en los últimos años, en términos de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
Por su parte Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo precisó que la Prueba PISA es indispensable para medir el rezago en materia de educación más allá de ideologías y decisiones políticas, considerando que el objetivo de la Prueba es medir la capacidad de los niños para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real y medir los impactos del modelo educativo vigente, así como de los efectos de la pandemia en la educación en México.
Finalmente, refirió que “la Prueba PISA resulta fundamental para poder contar con un diagnóstico real de la educación en México que permita llevar a la agenda nacional el Programa Sectorial de la Educación 2024-2030, a fin de que se cuente con el consenso y participación corresponsable de autoridades, candidatos a la Presidencia, Sociedad Civil y Organismos Internacionales, donde se coloque a los niños al centro de las decisiones para garantizar el interés superior de los menores durante el siguiente sexenio”.