En los primeros días de esta semana un tema recurrente de las autoridades educativas y de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero ha sido la importancia del estado socioemocional de los alumnos al retornar a clases presenciales.
La secretaria de Educación, Delfina Gómez, expresó durante una conferencia “mañanera” que la SEP está llevando a cabo un diagnóstico permanente sobre los avances de los menores, no solo en conocimientos sino en desarrollo emocional.
Incluso explicó que en estas valoraciones participan dependencias como la secretaría de Relaciones Exteriores, la de Salud, Medio Ambiente e instituciones como Inmujeres, entre otras.
Mexicanos Primero aseguró que los temas socioemocionales deben ser atendidos no sólo en casa sino también en las escuelas, principalmente las secuelas que el encierro y la pandemia han dejado en las y los estudiantes y que les afectan en el aprendizaje diario.
Por ello, exigieron a la autoridad cinco políticas públicas de atención socioemocional que se sumen a un regreso seguro y de recuperación de aprendizaje, aunque puntualizaron que conforme a un diagnóstico de la UNICEF en México los servicios de la salud en niñas, niños y jóvenes no cuentan con los recursos materiales y humanos capacitados, además de que no hay suficientes psiquiatras infantiles ni programas de formación.
Aquí es precisamente donde uno se pregunta cómo le está haciendo la autoridad educativa para atender los problemas socioemocionales que presentan los alumnos, si como expone también el especialista en temas educativos, Juan Carlos Miranda Arroyo, “la escuela no cuenta con los apoyos, recursos e infraestructura para convertirse en clínica psicológica. Y si alguna vez la escuela ha sido corresponsable en ello, ese campo profesional (la psicología escolar) es uno de los ámbitos de mayor abandono histórico del sistema educativo nacional”.
De acuerdo con Miranda Arroyo “si el gobierno federal quiere que las y los estudiantes sean atendidos en la escuela pública, por motivos o asuntos emocionales, la SEP tendría que contratar a un psicólogo o una psicóloga por cada 120 estudiantes. Sin embargo, en las plantillas profesionales de la SEP, la figura del psicólogo o psicóloga está ausente del esquema público educativo, porque esta clase de servicios, de psicología educativa, ha sido tratada con indiferencia por parte de las políticas públicas federales y estatales durante décadas.