Por: Carlos Blanco López
De entre las entidades federativas que destacan por la gran movilidad que presenta la disidencia magisterial sobresale Michoacán. De lo más llamativo que se acaba de registrar en dicha entidad es la decisión del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla de avalar oficialmente la propuesta del grupo denominado “Poder de Base” de que el profesor Lázaro Márquez Joaquín, sea el nuevo titular de la Dirección de Educación Indígena.
Todo esto sucedió tras de las intensas movilizaciones que protagonizaron en las últimas semanas maestros de educación indígena del sector IX, que simpatizan con Poder de Bases, que comprendió el intento por bloquear las vías del tren en la localidad de Caltzonzin, que derivó en al menos tres enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública.
De acuerdo con los maestros de educación indígena la designación del director de Educación Indígena se ha verificado desde hace 30 años mediante el método de usos y costumbres, por lo que no “iban a permitir que la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, diera por terminada dicha acción”.
La designación del gobierno del estado a favor de la propuesta de Poder de Base, fue cuestionada por la sección 18, afín a la CNTE, que expuso que dicha decisión “abona la polarización del sector educativo”
Puntualizaron que mientras el gobernador Alfredo Ramírez declara que en Michoacán se aplicará el Estado de Derecho, su secretario de Gobierno se entrevista con los dirigentes de Poder de Bases y “concede lo que le pidan a quienes se han conducido violenta e impunemente por todo el territorio michoacano”.
No hay que descartar que el gobierno morenista de Michoacán lo único que hizo fue pagar a Poder de Bases la “factura” que le debía por su participación electoral a favor del partido Morena, a través de las medidas desplegadas por los activistas electorales del denominado Movimiento del Magisterio Democrático Nacional – CEND del SNTE, que lideran Sergio Espinal y Artemio Ortiz, los guías morales de Poder de Bases.
Sin embargo, en detrimento del gobierno de Alfredo Ramírez, la determinación de aceptar la propuesta de Poder de Bases, no tardará en alterar el equilibrio de fuerzas entre las distintas fracciones del magisterio disidente, así como la gobernanza en el estado.
Ante la opinión pública, el gobierno del estado muestra debilidad al ceder al chantaje de una fracción del magisterio, debido a que la designación de los funcionarios cercanos a Poder de Bases, se da, después de una serie de movilizaciones y presiones, lo que marca el camino a seguir para que otros grupos magisteriales operen con estrategias similares para la solución de sus demandas.