Por: Carlos Blanco López
Hay una serie de cuestiones que se presentan al interior del sector educativo, sobre todo temas de manejo político sindical, que no deberían de registrarse, como, por ejemplo, las movilizaciones que encabeza el ex dirigente de la sección 22 de Oaxaca, Erangelio Mendoza, arrogándose la representación de supervisores y jefes de sector.
Por normatividad los supervisores y jefes de sector, si bien son cargos que maestras y maestros de base lograron alcanzar tras de cumplir una serie de requisitos académicos, al final de cuentas, al lograrlo pasaron en automático a ser funcionarios de las respectivas autoridades educativas estatales y/o federales, y en consecuencia sus responsabilidades responden al interés gubernamental, más que al sindical.
En el artículo 2 del estatuto del SNTE se explica nítidamente que el sindicato “integra a trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de los estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados y desconcentrados, así como los jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas, que ratifiquen su voluntad de permanencia en el SNTE”.
A pesar de esto desde hace años el ex dirigente de la sección 22, Erangelio Mendoza, valiéndose de una agrupación denominada “Comité Directivo del H Cuerpo de Supervisores y Jefes de Sector de Educación del estado de Oaxaca”, activa a un porcentaje reducido de estos funcionarios para demandar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), plazas para 268 inspectores de clave 21, de 71 supervisores escolares y de 23 jefes de sector.
De igual forma demanda, entre otras cuestiones, un fideicomiso para la adquisición de vehículos y el pago retroactivo por concepto de supuestas visitas escolares realizadas durante los ciclos de 2015 a 2020, con incremento del cien por ciento.
Pretende también que, fuera de toda normatividad, el IEEPO asuma la responsabilidad de construir y reconstruir los edificios de las supervisiones escolares y jefaturas de sector que no cuentan con esta infraestructura, así como la rehabilitación y ampliación de los mismos, según el caso; además de la construcción de bodegas y salas de usos múltiples.
Aparentemente todas estas demandas, de autorizarlas la autoridad educativa, redundarían en beneficio de esos funcionarios y del trabajo que desarrollan a favor de los educandos.
Sin embargo, desde el punto de vista político, si el gobierno de Oaxaca accede a resolver las demandas del ex dirigente seccional de la sección 22, el sentido común indica que todos los inspectores, supervisores y jefes de sector, se habrán de colocar a las órdenes de los intereses político sindicales de Erangelio Mendoza, en agradecimiento a su trabajo de “gestoría”, y no a las de la autoridad educativa.
Y de la red de inspectores, supervisores y jefes de sector hay que tener presente que son claves a la hora de movilizar a los trabajadores de la educación.
En este sentido, las autoridades del IEEPO requieren tener presente que efectivamente las niñas, niños y jóvenes estudiantes, además del personal docente, requieren de ser movilizados, pero a favor de una mejor educación. Ahí sí que no cabe la menor duda.