Por: Carlos Blanco López
A propósito de la ola creciente de violencia que se registra en México y que en los 43 meses de la administración del presidente López Obrador ya se cuenta con un acumulado de más de 121 mil homicidios y feminicidios, resultaría interesante, por decirlo de esa manera, que la dirigencia nacional del SNTE ofreciera un reporte de las quejas presentadas por las maestras y los maestros que se han visto afectados por el crimen organizado.
Es del dominio público que en las entidades donde tienen mayor presencia los capos de la droga es precisamente donde se resiente con mayor intensidad los casos de secuestro y extorsión a los trabajadores de la educación, sin embargo, a la fecha no se conoce a detalle esta problemática que afecta al magisterio.
Son pocos los secretarios generales seccionales del sindicato que se atreven a denunciar la angustiante situación por la que atraviesan los agremiados como resultado de la impunidad con la que delinquen los sicarios de los carteles de la droga.
No hace mucho, en febrero pasado el secretario general de la sección 58 del SNTE en Zacatecas, Oscar Castruita Hernández, denunció que el crimen organizado estaba afectando al magisterio con casos de secuestro y homicidio.
El dirigente sindical precisó que para esa fecha ya contaba con 700 quejas que incluían secuestros y homicidios de profesores, principalmente en los municipios de Fresnillo, Sombrerete, Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Monte Escobedo, por lo que ante ese clima de inseguridad pública recomendó a los profesores que no hicieran recorridos solos hacia sus centros de trabajo, “ni salir durante la noche”.
Seguramente que, en otras entidades como Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, entre otras, los dirigentes seccionales cuentan con pleno conocimiento de la problemática que enfrentan los maestros ante el crimen organizado, pero prefieren guardar silencio.
En Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el magisterio resiente sobre todo a fin de año la impunidad con que actúan los delincuentes. Por esas fechas se intensifican los casos de extorsión y secuestro con la intención de arrebatarles a los maestros su aguinaldo, que, en los casos de Guerrero y Oaxaca, hasta donde se sabe, es de tres meses.
El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, ha procurado no hacer comentarios sobre el tema, pero con esa actitud no se resuelven los problemas. Es necesario que rinda un informe sobre el número de quejas que han presentado los agremiados que se han visto perjudicados por el crimen organizado, y al mismo tiempo exija a las autoridades de los tres niveles de gobierno medidas y acciones que contribuyan a salvaguardar la seguridad de los trabajadores de la educación.
Porque si cree que todo se va a resolver con la convocatoria que hizo recientemente el Cártel Jalisco Nueva Generación a los capos de la droga para que no se metan con los sacerdotes, los doctores y los maestros de México, está muy equivocado.