Ayotzinapa, Guerrero. – El pasado fin de semana, en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, se reinstalaron los trabajos de la Asamblea Nacional Popular (ANP), evento al que asistieron representantes de más de 30 referentes sociales, populares, estudiantiles y sindicales, quienes se comprometieron a impulsar una ruta para construir la convergencia y la unidad de los esfuerzos colectivos como el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM), Frente Amplio Social Unitario (FASU), Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI), Nueva Central de los Trabajadores, UNT, CNTE, entre otros, a fin de sentar las bases de un gran Encuentro Nacional.
Después de un amplio análisis, los asistentes reconocieron que, para cumplir este propósito es necesario anteponer las coincidencias ante las diferencias de matiz que se tiene, ya que, su objetivo, “no es quitar a este gobierno para que a regrese la derecha sino fortalecer al movimiento social para construir una alternativa de los oprimidos desde abajo”.
Por otra parte, para los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “está claro que hasta aquí dio lo que podía ofrecer este gobierno en el ámbito de lo legal, por lo que, en adelante necesitan darle más preponderancia a la lucha social y política”, y es que previamente, el abogado Vidulfo Rosales Sierra, presentó un informe en el que, resaltó que el caso de los 43, está estancado, no obstante que, han proseguido las acciones de búsqueda.
Durante la Asamblea, se afirmó también que, no se han generado nuevos hallazgos, “hay 80 órdenes de aprehensión en contra de presuntos implicados, de las cuales 30 están pendientes de ejecución” y son notorios los obstáculos que interponen los distintos factores de poder para detener la investigación especialmente cuando la misma involucra a altos funcionarios gubernamentales o a mandos militares, muestra de ello es el asesinato de 22 testigos clave”.
Aseveraron que, todo apunta a que el Ejército tenía conocimiento pleno de los acontecimientos de septiembre de 2014, como se acredita en la conversación telefónica dada a conocer en días recientes entre los mandos policiacos de Iguala y los jefes de plaza de Guerreros Unidos, información que se ocultó por mucho tiempo y que se dio a conocer por la presión de los familiares de los normalistas, en medio de fuertes tensiones con el titular de ejecutivo.
“Todos estos hechos generan inquietudes fundadas respecto al papel que el Ejército pudo haber jugado la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa”, comentaron.
Finalmente, anotaron que, al instaurarse mediante un decreto presidencial, la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, se estableció la obligación de todas las autoridades de colaborar con la investigación, precepto que, tratándose de las responsabilidades del Ejército, o no se cumple o se cumple de manera muy sesgada y limitada, por lo que, se concluye que, el Ejército cuenta con información relevante sobre el caso que no está dispuesto a proporcionar lo que explica que ni las fuerzas armadas ni el gobierno se muestren dispuestos a profundizar en las líneas de investigación comprometedoras como la referente a la comunicación telefónica.