Por: Carlos Blanco López
En un brete jurídico y ético se encuentra la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, ante su firme intención de implementar a partir del 29 de octubre el programa piloto del nuevo plan de estudios, después de que el juez federal Francisco Javier Rebolledo ordenó frenar la puesta en marcha de este modelo que se pretende experimentar en 960 escuelas primarias y secundarias.
El fallo del juez concedido a la organización “Educación con Rumbo” establece que es inadmisible ordenar el piloteo del nuevo plan sin la emisión y publicación de los programas de estudios autorizados por la SEP y sin la capacitación previa de las maestras y los maestros.
De acuerdo al juez Rebolledo no existe certeza sobre qué se les impartirá a esos alumnos, ni qué materias o asignaturas, cual es el contenido curricular detallado ni como se les evaluará o certificará para continuar su formación académicas en los grados subsecuentes.
Entre otros argumentos contundentes que motivaron al juez Rebolledo a ordenar la suspensión de la aplicación del plan piloto, es el hecho de que tampoco existe la certeza de si a la fecha ya fueron elaborados y autorizados los libros de texto que deben utilizar los alumnos de las 960 escuela seleccionadas para la aplicación del nuevo plan de estudios, aspecto “necesario para garantizar el derecho a la educación de esos niños y niñas”.
La SEP puede impugnar la suspensión provisional mediante una queja ante un tribunal colegiado, pero el juez Rebolledo decidirá el próximo viernes si concede una suspensión definitiva, que aplicaría por tiempo indefinido.
En una rápida respuesta la secretaria de Educación consideró que la aplicación del programa piloto del nuevo plan de estudios seguirá adelante pese a la suspensión para su entrada concedido a la organización Educación con Rumbo, sin desmentir todos los argumentos expuestos por el juez Rebolledo.
Si la SEP pone en marcha el programa piloto el próximo 29 de octubre sin haber resuelto antes todas las irregularidades en que pretende hacerlo, como la falta de capacitación a los maestros, o sin la emisión y publicación de un nuevo plan de estudios que acompañe a dicho programa experimental, no solo estará incurriendo la titular de la SEP, Leticia Ramírez, en un desacato a la ley, sino en una irresponsabilidad ética garrafal al afectar el proceso educativo de las miles de niñas y niños adscritos a esos 960 planteles escolares.